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ONU: Los biocombustibles son responsables de la crisis alimentaria

La ONU afronta una jornada “histórica y esencial” para atajar la crisis alimentaria mundial desatada por la subida de los precios de los alimentos básicos. Los responsables de las 27 agencias de Naciones Unidas se reúnen en Berna (Suiza) con el secretario general de la organización, Ban Ki-moon, para intentar esbozar un plan para detener la hambruna que puede originar esta crisis, causada, según la ONU, por los biocombustibles o la especulación. El relator de la ONU para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, ha pedido de nuevo una moratoria en el cultivo de productos para biocombustibles: Entiende que hay que frenar el cambio climático, “pero sin matar de hambre a la gente”.

La ONU ha denunciado ya en varias ocasiones que el cultivo de plantas para producir biocombustibles hace que suban los precios de esos productos, algunos de los cuales son básicos para la alimentación. A ello se suma la especulación con esos productos en mercados internacionales. Todo ello, para desencadenar una crisis que Ziegler ha calificado de “auténtica tragedia”. De ahí la “histórica y esencial” reunión de Ban Ki-moon con los responsables de las agencias de la ONU que se celebra hoy en Berna. Además de Moon, están presentes, entre otros, de la directora del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, el director de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jacques Diouf, y el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura, Lennart Bäge.

En lo inmediato, Ziegler ha pedido a los donantes del Programa Mundial de Alimentos que aumenten sus donaciones porque “en tres meses [el fondo] ha perdido el 40% de su poder adquisitivo” por la subida de los precios. Ha recordado que 75 millones de personas en el mundo “dependen para su supervivencia de que reciban los suministros del PAM”.

Ziegler ha cargado en especial contra los biocombustibles, cuyo cultivo tacha de “crimen contra gran parte de la Humanidad, algo intolerable”. La transformación masiva de alimentos para este fin ha provocado la escalada de los precios de productos básicos para la supervivencia de millones de personas. Ha ofrecido datos: Según la FAO, en el último año el precio de los cereales, especialmente el trigo, ha aumentado un 130%; el del arroz un 74%, el de la soja un 87% y el del maíz un 53%.

El relator ha declarado que, si bien el problema del hambre es antiguo, en el último mes y medio, con la explosión de los precios en el mercado mundial, “nuevas clases sociales han caído, por millones, en el abismo del hambre”. La crisis afecta especialmente a los países pobres, cuyas familias dedican un mayor porcentaje de su renta a comer: un 85-90% en los países pobres frente a un 10-12% en Europa.

Por ello, abogó por una “moratoria total e inmediata” durante al menos cinco años en la producción de biocarburantes. En la lucha contra el cambio climático aboga por potenciar el transporte público y otras fuentes de energía. “El derecho a la vida y a la alimentación es el que prima”, ha dicho.

En concreto, ha criticado a EEUU, que dedicó el año pasado un tercio de su cosecha de maíz a bioetanol, y a la UE, por su directiva según la cual en 2020 un 10% de su combustible debe venir de los biocarburantes, para lo cual, tendrá que importar productos agrícolas de África, “que ya está golpeada por el hambre”.

Ha dicho que la especulación “es responsable del 30% de la explosión de los precios”, especialmente la Bolsa de Valores de Chicago, donde los fondos de productos básicos dominan el 40%. Finalmente, ha culpado a la política “aberrante” del FMI por desarrollar culturas de exportación para reducir la deuda externa en detrimento de agriculturas de subsistencia.

También se ha referido a las medidas proteccionistas de algunos países en desarrollo que producen arroz, por ejemplo, otro hecho que puede hacer subir los precios. Sin embargo, entiende que estos países ” piensen lo primero en asegurar su propio aprovisionamiento”.

Fuente: El País